¿Qué son SAGRILAFT y PTEE y por qué son importantes para las empresas?

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades exige a ciertas empresas la adopción de programas internos de cumplimiento para prevenir riesgos legales. Dos de los principales sistemas obligatorios son el SAGRILAFT y el PTEE, siglas que responden a necesidades muy concretas: evitar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en el ámbito empresarial. Estos programas, establecidos en la normativa de la Supersociedades (Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica), buscan asegurar que las empresas desarrollen sus negocios de manera transparente, ética y libre de vínculos con actividades ilícitas.

SAGRILAFT significa “Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. En esencia, es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que una empresa implementa para identificar, evaluar, gestionar y mitigar los riesgos de ser usada en lavado de dinero o financiación del terrorismo . A través del SAGRILAFT, la organización define sus factores de riesgo, aplica medidas preventivas (por ejemplo, debida diligencia a clientes y proveedores) y establece mecanismos para detectar operaciones inusuales o sospechosas que pudieran indicar actividades ilegales. Un componente clave es el Oficial de Cumplimiento, una persona que asesora a la empresa encargada de liderar el sistema, vigilar su funcionamiento y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes (como la UIAF).

Por su parte, PTEE corresponde al “Programa de Transparencia y Ética Empresarial”. Este programa está orientado a prevenir la corrupción y promover una cultura ética dentro de la empresa y en sus relaciones de negocio. Un PTEE bien diseñado incluye medidas como un código de conducta claro, políticas anticorrupción (por ejemplo, sobre obsequios o interacciones con funcionarios públicos), procedimientos para denunciar internamente actos indebidos, controles contables que garanticen la transparencia financiera y capacitaciones periódicas a empleados en temas de ética. El objetivo es que todos en la organización actúen con integridad y que la empresa minimice el riesgo de soborno, fraude u otras conductas corruptas. En otras palabras, el PTEE ayuda a que la empresa “haga lo correcto” y cumpla con leyes como la de antisorbono transnacional (Ley 1778 de 2016).

¿Quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT y PTEE?

No todas las compañías deben adoptar estos sistemas; solo ciertas empresas califican como “sujetos obligados” según criterios de tamaño y actividad. La Superintendencia de Sociedades ha definido una serie de umbrales financieros y sectores para determinar la obligación:

• En cuanto a SAGRILAFT, aplica principalmente a empresas medianas y grandes de sectores específicos bajo vigilancia de Supersociedades. Por ejemplo, compañías del sector inmobiliario o de explotación de minas con ingresos anuales superiores a 60 mil salarios mínimos; firmas de servicios jurídicos o contables con ingresos sobre 30 mil salarios mínimos; empresas de comercialización de vehículos (autopartes) con más de 130 mil salarios mínimos de ingresos; constructoras de edificios con más de 100 mil; y en general cualquier empresa de otro sector que registre ingresos por encima de 160 mil salarios mínimos al año. Esto significa que, al cierre de cada año, si la empresa supera el umbral definido para su sector, debe empezar a implementar un sistema SAGRILAFT al año siguiente.

• En cuanto al PTEE, la obligación originalmente surgió para empresas involucradas en negocios internacionales. Tras la Ley 1778 y reglamentaciones posteriores, se estableció que quedan obligadas las sociedades vigiladas que tengan activos significativos y realicen operaciones con contrapartes en el exterior. Por ejemplo, una compañía con activos totales superiores a 40.000 SMLMV que en el año anterior realizó una o más transacciones internacionales por montos iguales o superiores a 100 SMLMV debe adoptar un Programa de Transparencia y Ética. Esta medida busca prevenir el soborno transnacional y otras prácticas ilícitas en empresas con presencia o negocios fuera del país. Cabe destacar que en 2020 la Supersociedades amplió considerablemente el número de empresas sujetas a PTEE, reduciendo los topes de activos e ingresos requeridos e incluso incluyendo sectores emergentes (por ejemplo, empresas que manejan criptoactivos) dentro del alcance de la norma .

En resumen, las empresas grandes o con alto riesgo por su sector o actividad internacional son las principales obligadas a implementar SAGRILAFT y/o PTEE. Sin embargo, incluso empresas no obligadas por ley pueden voluntariamente adoptar estos programas como buena práctica. De hecho, contar con un PTEE voluntario puede ser un valor agregado: muchos clientes, aliados o inversionistas prefieren organizaciones con políticas sólidas de integridad, lo que aumenta la confianza en los negocios  .

Importancia del cumplimiento y consecuencias de la omisión

Implementar el SAGRILAFT y el PTEE no es solo “cumplir por cumplir”; es una inversión en la sostenibilidad y reputación de la empresa. Estos sistemas ayudan a evitar que la compañía sea utilizada para fines ilícitos, la protegen de escándalos y sanciones, y la alinean con estándares internacionales de negocio responsable. En la práctica, una empresa con buenos sistemas de cumplimiento puede detectar a tiempo señales de alarma (como movimientos financieros inusuales o solicitudes de pagos indebidos) y tomar acciones para prevenir delitos. Además, demuestra a sus socios comerciales y autoridades que tiene cero tolerancia con la corrupción y el lavado de activos.

Por el contrario, ignorar estas obligaciones conlleva riesgos serios. La Superintendencia de Sociedades tiene facultad para investigar y sancionar a las empresas que debiendo tener SAGRILAFT o PTEE no los implementen adecuadamente. Las multas por incumplimiento pueden ser muy elevadas. Según la normativa, se podrían imponer sanciones de hasta 200.000 salarios mínimos (SMLMV) a compañías que no tengan al día sus programas de transparencia y ética. Si bien ese es el máximo teórico y las multas usuales suelen ser menores, recientemente se ha visto una tendencia más estricta en la supervisión.

En conclusión, cumplir con SAGRILAFT y PTEE es tanto una obligación legal como una conveniencia empresarial. Ayuda a evitar multas y daños reputacionales, y crea entornos de negocio más seguros y éticos. Para las empresas que deban implementarlos, es recomendable apoyarse en profesionales con experiencia en cumplimiento corporativo. Contar con asesoría especializada facilita el diseño, adopción y seguimiento efectivo de estos sistemas, asegurando que la empresa se mantenga dentro del marco de la ley y protegiendo su futuro frente a los riesgos de LA/FT y corrupción.